La derecha estadounidense y su fobia por el ABM

El gobierno de George W. Bush, en una de las decisiones sobre seguridad colectiva más importantes de los últimos 50 años, decidió, el pasado 13 de diciembre, anunciar el retiro de Estados Unidos del Anti-Ballistic Missile Treaty, firmado con la ex Unión Soviética en 1972.

En contra de recomendaciones políticas, científicas e inclusive militares, miembros claves del gobierno de George W. Bush –con Donald Rumsfeld (Secretario de Defensa) al frente, seguido de Dick Cheney (Vicepresidente) y Condoleezza Rice (Asesora de Seguridad Nacional)– presionaron lo suficiente para conseguir que en una breve conferencia de prensa en el Rose Garden de la Casa Blanca, el presidente norteamericano anunciara el retiro unilateral del Tratado Antibalístico de Mísiles (ABM por sus siglas en inglés y de ahora en adelante referido como ABM). Así, el gobierno de Bush dio el último paso en una larga lucha por hacer realidad uno de los proyectos consentidos de la derecha norteamericana: el Escudo Nacional Antimisiles (NMD por sus siglas en ingles), o, dicho con  la terminología de los años ochenta, el proyecto Star Wars. Esta decisión implica no sólo poner en marcha el proyecto militar más costoso de la historia –se calcula que para que el escudo antimisiles sea funcional, antes se tendrán que invertir más de 100 mil millones de dólares (ya se han gastado más de 70 mil millones)–, sino también deshacerse del tratado que proporcionó, durante los últimos treinta años, la base de todos los demás tratados y acuerdos sobre seguridad nuclear. Desde el pasado 13 de junio (el Tratado estipulaba un plazo de seis meses para hacer efectivo el abandono), la tierra es un lugar menos seguro.

Así mismo, el Tratado también sentó las bases para el diseño de la estrategia militar de ambos países durante la mayor parte de la Guerra Fría. Los términos que estipulaba el Tratado permitieron que el diseño de la estrategia militar se basara en dos principios que fueron muy efectivos para evitar el uso de armas nucleares: Destrucción Mutua Asegurada (MAD por sus siglas en inglés) y Deterrence. Estos dos principios han sido vitales para evitar la expansión masiva de los arsenales de países en posesión de armas nucleares y para desmotivar a estados no-nucleares a entrar en la riesgosa carrera del armamento nuclear.

La lógica de ambas estrategias es relativamente sencilla. En al caso de MAD –usada en relaciones simétricas–  se evita el uso de las armas nucleares porque los países en disputa reconocen (ambos) que el enemigo es capaz de destruirlos. Por lo tanto, la capacidad que tienen para destruirse disuade a iniciar el primer ataque. En el caso de deterrence, la estrategia es muy similar, con la diferencia que ésta se usa en relaciones asimétricas. El enemigo de un país con armas nucleares evita realizar cualquier tipo de ataque debido a la amenaza que representa un contraataque por parte del enemigo (esta estrategia se aplica especialmente para los Estados que los norteamericanos denominan Rough States –o actualizado al vocabulario post 11 de septiembre el “eje del mal”: Irán, Irak y Corea del Norte–, mientras que la lógica de MAD es usada principalmente para Rusia). Dentro del peligroso mundo del armamento nuclear, éstas dos estrategias –con el ABM de sustento– han evitado una guerra nuclear. Mientras los países conserven paridad en la cantidad de armas que poseen, prácticamente esta garantizado que éstas servirán más como elemento de disuasión que como eventuales proyectiles.

De ahí la importancia que tenía el ABM: al no permitir el desarrollo de sistemas de defensa mantenía balanceados los arsenales y permitía que las dos estrategias descritas anteriormente funcionaran. Si de lo contrario, los países en posesión de armamento nuclear pudieran protegerse a través de un sistema antimisiles, ambas estrategias fracasarían; el país que pierde capacidad de destrucción (debido al sistema antimisiles del rival) tiene dos opciones: o acepta tener menos capacidad nuclear que el rival –opción poco probable– o comienza a expandir su arsenal, lo que causaría que el rival tuviera que expandir el suyo; y así sucesiva e interminablemente.

El Tratado ABM y su lugar en la historia

A finales del los años sesenta importantes sectores del establishment político/militar estadounidense comenzaron a poner en duda las estrategias militares usadas hasta entonces para enfrentar la amenaza soviética. Con la ascensión de Richard Nixon al poder en 1969 el debate se polarizó aún más; Nixon era partidario de seguir la misma estrategia, mientras que sectores conservadores del Congreso y del ejercito querían un cambio; la política de deterrence, usada hasta entonces, les parecía obstaculizante a estos últimos. En círculos militares y científicos el bochorno que representó el Sputnik y su llegada al espacio estaba todavía muy presente; sólo había pasado una década desde que los soviéticos se adelantaron a los norteamericanos y lograron poner el primer satélite artificial en el espacio. Para el establishment político/militar de entonces, permanecer a la cabeza de la carrera nuclear era su prioridad.

Este intento por parte de la Unión Soviética de obtener ventaja en la carrera nuclear no sólo causó alerta en algunos sectores cúpula norteamericanos, también causó que por primera vez se cuestionara seriamente la estrategia seguida. Algunos sectores conservadores temían, que como les pasó en la carrera del espacio, la Unión Soviética se volviera a adelantar y que los Estados Unidos no tuvieran la rapidez para mantener la paridad en sus arsenales y de este modo perdiera valor la estrategia de deterrence.

La razón de esta perdida de confianza nunca tuvo fundamentos concretos; los informes nunca fueron confirmados; sectores importantes de la derecha norteamericana usaron como pretexto el supuesto desarrollo de estas tecnologías por parte de la Unión Soviética para asumir posiciones más rígidas y aislacionistas. Como bien dijo William Pfaff, columnista del International Herlad Tribune, “en la practica, todo se reduce a la creencia de que los tratados y el Derecho Internacional amenazan a los Estados Unidos porque limitan su soberanía”[1].

A partir de ese momento el establishment político/militar se dividió en dos: los que siguen confiando en los acuerdos y tratados para eliminar los peligros nucleares y los que presionan para desarrollar sofisticados sistemas militares de defensa que substituyan la estrategia de deterrence por una que permita que todas las variables sean controladas por los mismos estadounidenses.

Así pues, en 1972, con la traumática experiencia de Vietnam aun muy cerca, el gobierno de Nixon, habiendo aprendido la lección de la guerra, apostó por el diálogo en lugar de las armas. En este contexto, el gobierno estadounidense y el soviético decidieron tomar medidas conjuntas para evitar la continuación de una costosa carrera armamentista que en términos reales no estaba dándole mayor seguridad a ninguno; tanto soviéticos como norteamericanos estaban gastando cantidades exorbitantes de dinero en armamento que era neutralizado por el del contrario.

Tratando de detener esta costosa carrera armamentista el Tratado ABM se firmó en Moscú el 16 de mayo de 1972 por el presidente Richard Nixon y por el Secretario General Leonid Brezhnev. Se ratificó el mismo año y entró en vigor el 3 de octubre de 1972. El objetivo principal del tratado era restringir la construcción de un sistema nacional de defensa. La lógica que lo sustentaba era la siguiente: la seguridad nuclear no sólo se garantiza con programas de reducción de almacenes (estrategia seguida públicamente por ambos países desde los años cincuenta). En una mentalidad suma cero, si un determinado país logra eliminar, a través de un sistema antimisiles, el peligro de un ataque enemigo, la seguridad obtenida por el país protegido a través del sistema de defensa iría en detrimento del país que pierde capacidad para realizar un ataque nuclear. En otras palabras, la razón por la que la Guerra Fría nunca dejó de ser “fría” se debió a la detente que causó el principio de deterrence. Tanto soviéticos como norteamericanos se abstuvieron de atacar porque reconocían la capacidad nuclear del rival y el poder que tenían para destruir ciudades enteras. Este sencillo principio de reciprocidad evitó una catastrófica guerra nuclear, como también evitó que los arsenales de las potencias nucleares aumentaran infinitamente; reconociendo mutuamente su capacidad nuclear, no hay necesidad de seguir expandiendo los arsenales, mientras la paridad se mantenga, potencialmente ambos países conservan su capacidad y crean lo que los críticos llaman el “balance del terror”. El Tratado ABM,  al impedir la construcción de un sistema nacional de defensa, protegía la capacidad destructora de ambos países; por más contradictorio que suene, esta lógica sostuvo la estrategia que evito el uso de armas nucleares en los últimos 50 años.

El Tratado, “para disminuir la presión del cambio tecnológico y sus impactos en el balance estratégico” [2], prohibía el desarrollo, las pruebas o la implementación de cualquier sistema de defensa en el agua, aire, espacio o tierra.

Lo que el Tratado sí permitía era la implementación de un sistema limitado de defensa. Cada país tenía el derecho a construir un sistema –diseñado para proteger la capital de cada país– regional de defensa. En un eventual ataque nuclear, ambos países tenían la seguridad de que al menos su capital estaba protegida.

Hasta 1988 el Tratado funcionaba más que exitosamente. No sólo había evitado una guerra nuclear, sino también sentaba un precedente de cooperación –en un mundo bipolar– entre las dos potencias rivales muy valioso para el Derecho Internacional. Fue hasta agosto de 1988, en la tercera revisión, cuando ambos países se inconformaron y cuestionaron seriamente la continuidad del tratado. Ambas potencias se acusaron de romper el Tratado y de haber implementado radares que pudieran ser utilizados para defenderse de un potencial ataque nuclear.

El gobierno estadounidense acusó al gobierno soviético de haber implementado estos radares en Krasnoyarsk, en Asia central; a su vez, los soviéticos acusaron a Estados Unidos de tener en funcionamiento dos bases con capacidad para realizar labores de detección de mísiles: una en Grand Forks, Dakota del Norte y otra en Thule, Groenlandia. Ambos países negaron la existencia de estas bases y manifestaron su inconformidad en declaraciones unilaterales en las que ambos condenaron mutuamente sus acciones. Aunque el incidente no tuvo repercusiones sobre la implementación del tratado, fue la primera señal de un eventual retiro.

Al disolverse la Unión Soviética, Estados Unidos logró convocar a las recién creadas repúblicas en posesión de armamento nuclear y adherirlas a la Comisión Consultiva del tratado. En 1993, Bielorrusia, Ucrania, Rusia y Estados Unidos reafirmaron la importancia del Tratado y “reconocieron que mantener la viabilidad del Tratado en vista de los cambios políticos y tecnológicos es importante”[3].

La derecha norteamericana y su fobia por el ABM

En 1976 fue refundado el Comité del Peligro Presente II[4] o Team B (CPD por sus siglas en ingles). La relevancia de este comité en el debate sobre el Tratado ABM se debe a que uno de sus grandes impulsores fue el actual Secretario de Defensa del gobierno norteamericano: Donald Rumsfeld.

A finales de 1976, con el respaldo del presidente Ford y con la ayuda de algunos funcionarios cercanos a Rumsfeld (entre los que se encontraban Paul Nitze[5] y Paul D. Wolfowitz[6], apóstoles hasta la fecha del abandono por parte de Estados Unidos del tratado ABM) se creo el Team B, con George H. Bush al frente. El comité fue diseñado como un “lobby ciudadano”[7] cuya existencia giraba alrededor de contrarrestar la ventaja que la Unión Soviética estaba tomando con respecto a Estados Unidos en su aparato de guerra. El comité tenía dos tareas principales: 1) recolectar información que contradijera la tesis de la CIA que consideraba poco probable un ataque nuclear soviético y 2) armar una campaña publicitaria para alertar a la opinión pública norteamericana sobre el “peligro presente” que representaba la Unión Soviética y la expansión del comunismo para los Estados Unidos. Así mismo, el comité estaba en contra de las políticas conciliatorias que asumió el Congreso norteamericano en sus relaciones este-oeste después de la guerra de Vietnam; principios como el de desarme y el control de armas (adoptados por el Congreso) eran anatema a la visión bipolar del mundo del comité.

Aunque Donald Rumsfeld no formó parte de las administraciones de Ronald Reagan y de George Bush (padre) en los años ochenta y principio de los noventa, mantuvo su presencia en las esferas militares de Washington y se dedicó a promover políticas alternas a las de desarme y  reducción armamentista. A través de organizaciones como el Committee for the Free World y el Leo Cherne’s International Rescue Committee (organización antiizquierdista promotora de regímenes de derecha), Rumsfeld promovió el financiamiento de gobiernos de derecha y campañas publicitarias para alertar a la opinión pública norteamericana sobre el peligro rojo que amenazaba Centroamérica.

Paralelo a estos acontecimientos, en 1983, el presidente Reagan lanzó la Iniciativa de Defensa Estratégica[8] (SDI, por sus siglas en inglés), también conocida como Star Wars. Convencido de que la Unión Soviética estaba obteniendo ventaja en su capacidad nuclear (para ese entonces iban ya más de quince años en los que la derecha norteamericana alertaba sobre la supuesta supremacía soviética), Reagan decidió que Estados Unidos no podía seguir usando la misma estrategia y que era tiempo de encontrar una alternativa. De encontrarla, pensó Reagan, Estados Unidos se colocaría a la cabeza de la carrera nuclear y no seguiría dependiendo de una política que obstaculizaba el desarrollo tecnológico estadounidense. Walter Stützle, del Instituto para la Investigación de la Paz de Estocolmo, describe la iniciativa como “nostalgia política encaminada a usar los avances tecnológicos para lograr lo que ya no podía lograrse a través de la política”[9].

Aunque el proyecto no prosperó inicialmente, durante la mayor parte de los años ochenta y noventa, importantes sectores del partido Republicano, con Donald Rumsfeld y Dick Cheney al frente, se mantuvieron comprometidos con los objetivos iniciales del plan. Durante esos años, partidarios del proyecto mantuvieron su presencia en instituciones de alto nivel (think tanks, organizaciones independientes y en el mismo ejército) esperando que las condiciones políticas favorecieran la abrogación del tratado y el subsiguiente desarrollo del Escudo Nacional Antimisiles. Solamente durante el primer gobierno de Reagan, 33 miembros del CPD (incluyendo al mismo Reagan, que era miembro del comité ejecutivo) recibieron nombramientos en la administración, más de veinte de ellos en Seguridad Nacional[10].

Al inicio de los noventa, tras el triunfo en la Guerra del Golfo y la llegada de Clinton y los demócratas al poder, el proyecto volvió a quedar relegado en la agenda nacional (como ya mencioné anteriormente, Clinton nunca fue partidario del proyecto, el escudo antimisiles fue uno de los temas que dificultó la relación entre el ejecutivo y el ejército). Durante la mayor parte de la administración demócrata la discusión del proyecto se llevó a cabo principalmente dentro del ejercito. Fue hasta 1998, con el lanzamiento accidental de un misil norcoreano sobre Japón, cuando el Escudo Nacional Antimisiles volvió a ser discutido públicamente. Los partidarios del proyecto no desaprovecharon la oportunidad para incorporar nuevamente el desarrollo del escudo a la agenda nacional y armar una campaña de pánico sobre la vulnerabilidad de Estados Unidos. La mala relación que Clinton tuvo con el ejército, su débil influencia con los altos mandos de éste y la presión de los partidarios del proyecto, lo obligaron a firmar el National Missile Defense Act a principios de 1999. Éste comprometía al presidente a construir un escudo nacional antimisiles tan pronto el desarrollo científico lo permitiera. Para suerte de Clinton, el fin de su administración llegó antes que la necesidad de tomar una decisión final sobre la implementación del escudo.

A principios de 2001, con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, las condiciones políticas para abrogar el ABM y desarrollar el Escudo Nacional Antimisiles comenzaron a favorecer a los impulsores de éste último; Bush, sin experiencia en asuntos internacionales y de seguridad nacional, incorporó a su gabinete a gran parte del equipo de su padre –muchos de ellos promotores, desde inicio de los años setenta, del proyecto–. De esta manera, halcones como Donald Rumsfeld y Dick Cheney tomaron el control del debate y establecieron los términos de la discusión.

El ABM después del 11 de septiembre

Los efectos que los eventos del 11 de septiembre  tuvieron sobre el Tratado ABM y su implementación se pueden dividir en dos: por un lado, los atentados polarización el debate en cuanto a la construcción de un escudo antimisiles, y, por otro, aceleraron el abandono del tratado (se hizo efectivo el pasado 13 de junio) por parte de Estados Unidos.

En cuanto al primer efecto, los atentados del 11-S causaron una lectura opuesta del mismo acontecimiento: los que están en desacuerdo con el desarrollo del escudo argumentan que los atentados son la mejor prueba de que de perpetrarse otro ataque lo más probable es que éste se realice con medios mucho más rudimentarios que mísiles transcontinentales; por lo tanto, la construcción de un escudo antimisiles es irrelevante; no proporcionaría mayor seguridad, piensan los detractores. La segunda lectura que se hizo de los atentados, por parte de los impulsores del escudo, fue exactamente contraria a la de los que se oponen. Para los impulsores, los atentados hicieron patente la vulnerabilidad norteamericana y la urgente necesidad de implementar proyectos de defensa que vienen posponiéndose desde hace 20 años (la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan).

Más allá de impulsores y detractores, la posición oficial del gobierno norteamericano se ha hecho mucho más rígida y unilateral a partir de los atentados del 11-S. Si bien estos eventos justifican un replanteamiento de ciertos principios de defensa nacional, la administración Bush ha puesto en marcha un “keynesianismo militar” que se extiende mucho más allá de la guerra contra el terrorismo. Richard Haass, Director de Planeación Política en el Departamento de Estado, opina que, más allá de las acciones bélicas en Afganistán, el gobierno de Bush esta dándole una nueva dimensión al concepto de soberanía[11]. De ahí que William Hartung, investigador del World Policy Institute, describiera la nueva doctrina nuclear de Bush como “un distanciamiento de las políticas de administraciones previas, tanto demócratas como republicanas. Lejos de ser un “nuevo pensamiento”, como algunos analistas la califican, la política nuclear que propone Bush representa el triunfo de un reducido circulo de teóricos conservadores que por largo tiempo ha presionado para que las armas nucleares se erijan en garantes de la superioridad militar estadounidense y en herramienta para ejercer influencia política y estratégica”[12].

Para poner en marcha este “nuevo pensamiento”, Bush pidió un aumento de 48 mil millones de dólares en el presupuesto de defensa para el ejercicio fiscal de 2003 (que empieza en octubre de 2002). Para K.S. Karol, experto en Europa del Este, este incremento ha obligado al gobierno de Bush a “inventar el eje del mal” para justificar un presupuesto que de por sí, antes de este incremento, era ya mayor al presupuesto militar de toda Europa, Rusia y China juntas[13]. De esta manera se está gestando lo que Hubert Vedrine, ex Ministro de Exteriores francés, bautizó como la “primer hiperpotencia”.

Uno de los obstáculos a esta nueva “doctrina” post 11 de septiembre era el Tratado ABM. Aprovechando la legitimidad política (tanto interna como externa) que tenía su gobierno en los meses posteriores a los ataques, el presidente Bush anunció el deseo de retirarse del tratado como parte de una serie de medidas indispensables para garantizar la seguridad nacional. Pero como dijo Joseph R. Bidden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el día antes a que el Presidente anunciara el abandono, “la administración [Bush] no ha dado una razón convincente para abandonar un tratado que ha ayudado a mantener la paz durante los últimos treinta años”[14].  De esta manera, aun con oposición interna, el presidente Bush siguió adelante con sus planes e hizo el aviso formal de abandono el 13 de diciembre de 2001. Ése día, Bush no sólo retrocedió 30 años los logros y acuerdos sobre seguridad nuclear, también demostró que el liderazgo norteamericano de los últimos años se encuentra acéfalo; la sociedad norteamericana tendrá que aprender que al votar por su presidente no sólo escoge al líder de su país, elige también al líder de un sistema internacional que necesita, urgentemente, de un liderazgo más responsable.


[1] William Pfaff. International Herald Tribune, 6 de agosto de 2001.

[2] ABM Treaty. 1972. http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abmpage.html.

[3] ABM Treaty. Fourth Review of the Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty. 1993.

[4] Con los mismos objetivos, ya se había creado una primera versión de este comité en 1950. Afectado por una opinión pública decepcionada por la guerra de Vietnam y los sentimientos antiintervencionistas que ésta trajo, el Comité se mantuvo en silencio hasta la creación del Team B o CPD II en 1976.

[5] Creador del documento NSC-68: Objetivos y Programas de los Estados Unidos para su seguridad nacional (abril de 1950) del Consejo de Seguridad Nacional que recomendaba un exorbitante incremento en los almacenes militares norteamericanos para “contener la influencia soviética y mantener la supremacía militar en el mundo”.

[6] El semanario británico The Economist, en su edición del 7 de febrero de 2002, consideró que el termino “halcón” no le hacía justicia a Wolfowitz, por lo que creó una categoría especial para él: velociraptor. Actualmente Wolfowitz es el número dos en el Pentágono.

[7] “Lobby ciudadano” es un decir, ya que formaban parte de él élites políticas y militares; llamarlo “lobby ciudadano” permitía al gobierno norteamericano manejar un doble lenguaje: el del comité (que prácticamente era el oficial) y el del propio gobierno. Esta fue una efectiva manera en la que la derecha puso en marcha políticas contrarias a las oficiales sin comprometer la posición del gobierno norteamericano.

[8] El lanzamiento de esta iniciativa estuvo fuertemente influido por Donald Rumsfeld y la campaña de pánico que él montó a través del CPD.

[9] Walter Stützle, The ABM Treaty. Oxford University Press. 1988.

[10] The Public Eye. Political Research Associates. http://www.publiceye.org/research/Group_Watch/Entries-42.htm

[11] Nicholas Lemann. The New Yorker, 1 de abril de 2002.

[12] William Hartung. La Jornada, 31 de marzo de 2002.

[13] K.S. Karol. El País, 19 de febrero de 2002.

[14] David Sanger y Elizabeth Bumiller. The New York Times, 12 de diciembre de 2001.