La Corte Penal Internacional

Hoy 1 de julio se celebra el primer aniversario del establecimiento de uno de los proyectos más importantes y esperanzadores que la voluntad política internacional ha logrado crear en los últimos años: la Corte Penal Internacional (CPI). Considerado por la mayoría de los especialistas de la rama como el evento más importante en el Derecho Internacional desde la creación de Naciones Unidas hace más de medio siglo, el nacimiento de la CPI puso fi n a un ambicioso proceso iniciado desde entonces que tenía como propósito el establecimiento de un órgano jurídico capaz de enjuiciar a individuos responsables de los crímenes más graves proscritos por el Derecho Internacional. El proceso se sintetizó en el Estatuto de Roma de 1998 y culminó con la ratificación número 60 de éste y el sucesivo establecimiento de la Corte en La Haya, Holanda, el 1o de julio de 2002. A un año de su establecimiento, en un contexto político internacional dividido, en donde Estados Unidos rechaza y se siente amenazado por todo lo que va en contra de su agenda de seguridad, el apoyo y respaldo a la CPI cobran especial importancia debido a que en un futuro cercano se puede convertir en uno de los grandes pilares que sostenga al sistema internacional.

Asignada exclusivamente a la tarea de perseguir cuatro crímenes (genocidio, crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra y el todavía no tipificado crimen de agresión), la CPI es la sucesora directa de los tribunales de Nuremberg y Tokio, creados al final de la Segunda Guerra Mundial, y de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia (1993) y Rwanda (1994).

El proceso de creación fue largo y difícil.  Inicialmente la Asamblea General de Naciones Unidas pidió, a través de la resolución 260 del 9 de diciembre de 1948, que “se estudiara el establecimiento de un órgano judicial para el enjuiciamiento de personas acusadas de genocidio”. La tarea fue asignada a la Comisión de Derecho Internacional (formada por la ONU para promover el desarrollo del Derecho Internacional), ésta concluyó en 1951 que la formación de la Corte era viable y meses después presentó el primer borrador de lo que después se convertiría en el Estatuto de Roma. Sin embargo, las condiciones políticas de la segunda mitad del siglo XX no permitieron que se forjaran los consensos necesarios para crear una Corte permanente.  Fue hasta principios de los años noventa, una vez terminada la Guerra Fría y formados los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Rwanda, cuando el proyecto de una Corte penal permanente recobró vida.

Finalmente, la CPI se pudo establecer en julio del año pasado, después de más de medio siglo de espera. De esta manera, se creó la primera corte penal internacional permanente de la historia legal moderna. Su carácter novedoso y revolucionario radica en que, a diferencia de su “prima hermana”, la Corte Internacional de Justicia (encargada de resolver controversias entre Estados), la CPI tiene como principal tarea el enjuiciar a individuos con altos grados de responsabilidad —jefes de Estado, de gobierno, altos cargos militares, etcétera—.

Sin pretender reemplazar a los sistemas nacionales de justicia, la CPI tiene jurisdicción solamente en países que ratificaron el Estatuto de Roma y una vez, y sólo hasta que sus propios sistemas de justicia hayan decidido no perseguir a individuos responsables de los crímenes ya mencionados; su propósito principal es complementar a los sistemas nacionales de justicia. Si bien la Corte no podrá enjuiciar a los grandes criminales del siglo XX todavía vivos (debido a que no tiene carácter retroactivo), sí tiene jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos a partir del 1o. de julio de 2002. Los 18 jueces (de 18 nacionalidades distintas y de varias familias legales) y el fiscal (el argentino Luis Moreno Ocampo) ya han sido designados y han comenzado a recibir las primeras solicitudes de persecución.  Sin embargo, la consolidación de la CPI se encuentra amenazada por el endurecimiento de la posición de Estados Unidos respecto a la Corte. En mayo de 2002 el gobierno de George W. Bush decidió revocar el Estatuto de Roma firmado por Bill Clinton a finales de 2000 y emprendió una campaña en contra de la Corte que directamente intenta obstaculizar su fortalecimiento.

Con la llegada de la administración republicana al poder a comienzos de 2001 y el giro que ésta dio a la manera de ejecutar la política exterior norteamericana (especialmente después del 11-S), Estados Unidos abandonó de facto el modelo de relaciones internacionales seguido a lo largo de los últimos 50 años: el multilateralismo institucional. En su lugar, lo ha reemplazado con un mesianismo maniqueo que sólo distingue entre los que están a favor o en contra de su nueva agenda de seguridad. Entre algunas de las medidas tomadas en este sentido por el gobierno estadounidense se encuentra la American Servicemembers’ Protection Act of 2002. Sancionada por el Congreso a finales de 2002, la ley directamente impide todo tipo de cooperación con la Corte por parte de cualquier entidad del gobierno federal y autoriza al Presidente a utilizar “todos los medios necesarios y apropiados” para la liberación de ciudadanos norteamericanos en custodia de ella. Esta misma ley, en una versión anterior que tuvo que ser modificada, contempló explícitamente la invasión de La Haya, Holanda (debido a ello, la ley también se conoce como Hague Invasion Act).

Este enfoque sobresimplificador de las relaciones internacionales ha embarcado a Estados Unidos en una nociva trayectoria de ilegalidad que, de mantenerse algunos años más, corre el riesgo de derrumbar por completo los cimientos del sistema internacional que con tanto trabajo ha construido el Derecho Internacional. En el momento en el que se justifica la invasión ilegal a Iraq o se renuncia a las obligaciones de las Convenciones de Ginebra argumentando que es necesario hacerlo en pro de la guerra contra el terrorismo y la nueva agenda de seguridad, se rompe el espíritu de un delicado principio del Derecho Internacional, basado en la confianza, que una vez roto es difícil recuperar: pacta sunt servanda (principio que asume que los tratados y las responsabilidades internacionales se firman con la intención de cumplirse). Con ello, no sólo se sienta un nocivo precedente de ilegalidad por parte del país cuyas acciones tienen mayor peso en el sistema internacional, sino también se deslegitima la práctica misma del Derecho Internacional –principalmente basada en la costumbre– y los instrumentos construidos por éste para su cumplimiento (como es el caso de la CPI).

Así pues, el primer aniversario de la CPI es un recordatorio pertinente de la lucha que el Derecho Internacional ha hecho (especialmente a lo largo de los últimos 50 años) por establecer un sistema internacional más funcional. Del apoyo y respaldo que se le dé a instrumentos como la CPI, dependerá que el siglo XXI siga el sangriento sendero del XX o, que por el contrario, logre alcanzar, en palabras del filósofo alemán Jürgen Habermas, “un orden internacional multilateral sobre una base jurídica regulada”.