Mantener la república

“Sir, you have to understand, this is Guatemala”

—Palabras de Ron Klein, representante legal de los demócratas, advirtiendo a Al Gore sobre la confiabilidad del recuento en Florida en la elección del año 2000

A la salida de la Convención Constituyente de 1787 una señora ansiosa por saber el resultado de lo que había sucedido en ella se acercó a Benjamín Franklin, uno de los participantes, y le preguntó: “Dr. Franklin, ¿qué nos han dado?” Franklin, en una famosa y sabia respuesta le contestó, “una República, señora, si la pueden mantener”. Aunque sucedió hace más de 200 años, esta anécdota tiene hoy más relevancia que nunca. El 2 de noviembre el electorado estadounidense tiene una cita con las urnas y con la historia. Pero, no necesariamente por las razones que se piensa. Independientemente a la coyuntura política que vive actualmente Estados Unidos –en la que se necesitan definiciones claras y liderazgo en temas tan importantes como la estrategia de salida de Irak, el futuro de la seguridad nacional y el saneamiento de las finanzas públicas– hay un tema de mayor importancia y trascendencia para las perspectivas de largo plazo de ese país que se pondrá a prueba en la próxima elección: en última instancia, lo que está en juego en la elección presidencial es la credibilidad democrática misma de los Estados Unidos.

A lo largo de los últimos años Estados Unidos ha experimentado una serie de sucesos que ponen en entredicho la credibilidad democrática de sus instituciones. Vamos por partes. El actual presidente, George W. Bush, llegó a la Casa Blanca vía una de las elecciones más controvertidas y accidentadas de la historia de Estados Unidos. 36 días después del día de la elección y de una batalla legal sin precedentes, la elección finalmente se resolvió: no por los más de 100 millones de votantes que acudieron a las urnas, sino por una decisión judicial de la Suprema Corte de Justicia, también sin precedentes, en la que por un solo voto (5 vs. 4) se ordenó parar el recuento de las papeletas en el estado de Florida. La decisión de la Suprema Corte y una diferencia de 537 votos fue lo que permitió que Bush fuera declarado ganador y se pusiera fin a un episodio digno de una república bananera. Aunque legítima la victoria de Bush según la Constitución de Estados Unidos, una elección que fue decidida por el máximo órgano judicial y que terminó declarando vencedor al candidato con el menor número de votos populares, levanta serias dudas sobre la credibilidad democrática de cualquier país.

Aunque lo controversial de esa elección no sólo fue la intervención de la Suprema Corte; en lo que quizá constituya uno de los atentados más graves a los derechos políticos e individuales de los ciudadanos, la elección de 2000 se caracterizó por lo que se conoce como racismo electoral, especialmente en los estados más competidos. Incontables casos de supresión del voto de minorías han sido documentados a la fecha. En Florida, por poner un ejemplo, se pudo identificar como, entre los votos totales suprimidos –por diversas razones técnicas–, los de los votantes afro-americanos (que votan en un 90% demócrata) fueron desproporcionadamente más que los de los hispanos (que votan mayoritariamente republicano). Entre más cerradas son las elecciones, se ha demostrado, más se presenta este problema. Según una investigación reciente de The New York Times, desde hace meses comenzaron los intentos de suprimir los registros de diferentes minorías y de intimidarlas para evitar que voten en esta elección.

En los cuatro años que han transcurrido desde la elección del año 2000 la salud de la República ha mostrado otros síntomas de debilitamiento. En uno de los más claros indicios del deterioro y a través de una de las leyes más draconianas de las que se tenga memoria, las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos han sido restringidas por mecanismos que recuerdan a la GESTAPO. Hago referencia a la ley conocida como USA Patriot Act (Ley Patriota). Introducida en el Congreso tan sólo 8 días después de la tragedia del 11-S, aprovechando la confusión y el dolor que marcaron esos días, la ley se aprobó por abrumadora mayoría tan sólo unas semanas después sin audiencia o discusión alguna.

Entre otras cosas, la ley amplia los poderes de los agentes federales para recolectar información de individuos, permite inspeccionar domicilios particulares, acceder al historial de préstamos de las personas en bibliotecas públicas (a la vez impidiendo a las bibliotecas informar que sus registros fueron inspeccionados), intervenir teléfonos, examinar correos electrónicos y direcciones de Internet visitadas y espiar a grupos y organizaciones políticas. Todo ello sin la necesidad de una orden de un juez; con levantar cualquier sospecha basta. Y, en lo que constituye una de las atribuciones más graves y preocupantes de esta ley –yendo en contra de dos siglos de tradición judicial en Estados Unidos– se permite suspender el habeas corpus de cualquier persona a la que las autoridades denominen “combatiente enemigo” –como le sucedió, entre otros, al ciudadano norteamericano José Padilla–.

De una manera progresiva y a veces imperceptible, estos cambios han alejando a Estados Unidos de los ideales republicanos sobre los que fue fundado y han erosionando su credibilidad democrática en el resto del mundo. Especialmente grave en un momento clave en el que Estados Unidos define si, en palabras del ex Consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, juega un papel de dominación o de liderazgo global. La falla de algunas de sus instituciones y prácticas más emblemáticas puede traer graves consecuencias para la estabilidad democrática tanto interna como externa de Estados Unidos.

Es por ello que diversas voces han alertado en los últimos años sobre la gravedad de la situación: Alan M. Dershowitz, uno de los juristas más reconocidos del país, tituló una investigación reciente sobre la elección del año 2000, Supreme Injustice: How the High Court Hijacked Election 2000 (2001); el reconocido politólogo Robert Dahl se pregunta en el título de su libro más reciente, How Democratic is the American Consitution? (2001). En una frase, la respuesta que da el politólogo es que hoy en día la Constitución ya no sirve a los intereses democráticos del país; Robert Byrd, uno de los senadores de mayor trayectoria en el Congreso, titula su último ensayo Losing America: Confronting a Reckless and Arrogant Presidency (2004); el historiador Arthur M. Schlesinger, Jr. titula su último ensayo War and the American Presidency (2004) y en él describe y critica la omnipotencia del presidente en tiempos de guerra; el escritor Norman Mailer se preguntó con motivo de la invasión a Irak Why are we at War? (2003); y, por último, el semanario británico The Economist publicó recientemente un reportaje con el titular No Way to Run a Democracy en el que afirma acertadamente que “la maquinaria de la democracia americana está crujiendo”.

No es una simple coincidencia que los autores y medios mencionados suenen la señal de alarma sobre el funcionamiento democrático del país. Éste se encuentra en un momento clave en el que sus asuntos internos se vuelven los asuntos del mundo y en el que sus fracasos terminan afectando a millones de personas en todo el planeta. Se dice que una de las virtudes de los sistemas democráticos es su capacidad de auto-corrección; la elección de mañana será la primera después de la del año 2000 y la primera después del 11-S, si de ella no emerge un claro triunfador con la mayoría del voto popular y sin cuestionamientos a la legitimidad del proceso, Estados Unidos se habrá alejado de la República a la que Franklin hizo referencia y, por tanto, tendrá muchas más dificultades para promover los estándares democráticos que dice aspirar para el resto del mundo.