Diagnósitico parcial del 11-S

El 27 de noviembre de 2002 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció de manera oficial la creación de una comisión independiente que tendría como principal tarea investigar todo lo relacionado a los ataques terroristas del 11 de septiembre. El reporte que resultaría del trabajo de la Comisión es hoy día la explicación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre lo sucedido aquella mañana de finales de verano de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania.

El resultado es un exhaustivo y minucioso informe, de 567 páginas, que intenta explicar y contextualizar los eventos relacionados a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Su importancia radica no solamente en que constituye la versión oficial del gobierno de Estados Unidos, sino también porque, al ser la primera gran explicación sobre los ataques, constituye el documento base para estudiar y entender lo sucedido el 11-S; análisis y reformas futuras sobre el tema seguramente se basarán en el informe de la Comisión. Más allá de lo que conteste o deje de contestar, el reporte es ya un documento de gran importancia histórica debido al impacto que tuvieron los atentados para Estados Unidos.

Antes de entrar en los específicos del informe es importante mencionar algunos aspectos que marcaron la creación de la Comisión y la postura que tomó la administración Bush respecto a investigar lo sucedido a través de una comisión presidencial de este tipo.

Terminado el luto nacional por la tragedia del 11-S, los políticos y la opinión pública en general se enfrentaron a la difícil tarea de decidir cómo evaluar lo sucedido; era necesario investigar los acontecimientos para entender qué los provocó, dónde estuvieron las fallas y qué se pudo haber prevenido. Existían dos posibilidades: asignarle la tarea a alguna entidad ya existente del gobierno (FBI o el Congreso) o crear una comisión independiente ad hoc para investigar los sucesos. Históricamente, la segunda opción era el camino a seguir: los grandes acontecimientos de la historia norteamericana han sido investigados por comisiones independientes nombradas por el Presidente; por su estatus, gozan de gran acceso y tienen el respaldo bipartidista al más alto nivel. Así, sucesos como el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de John F. Kennedy a principios de los años 60 (la famosa comisión Warren) o las irregularidades electorales en la elección presidencial del año 2000 fueron investigados por comisiones de este tipo (que en Estados Unidos se conocen como Blue Ribbon Commissions).

Los ataques del 11 de septiembre de 2001, considerados los peores en la historia del país, no necesitaban mayor justificación para ser investigados por una comisión de este rango y naturaleza. Sin embargo, inicialmente a la Casa Blanca no le pareció así. Argumentando que una comisión independiente interferiría con la denominada Guerra contra el Terrorismo y pondría en riesgo la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad del país, la administración Bush bloqueó su creación durante más de un año. Después de meses de intensas críticas por parte de los familiares de las victimas y por el mismo Congreso, la Casa Blanca no tuvo más remedio que aceptar la creación de la comisión y nombrar una figura pública para encabezarla. Inicialmente nombró al controversial ex Secretario de Estado Henry Kissinger. Sorpresiva al anunciarse, la decisión fue recibida como un gesto más de la Casa Blanca por controlar y manipular los resultados de la investigación. Kissinger, a sus 79 años y con su famosa predilección por la realpolitik, difícilmente parecía la figura idónea para encabezar una comisión que tenía como tarea principal revelar las causas de los ataques y las fallas institucionales que impidieron prevenirlos; su trabajo en el gobierno, opinaban muchos, nunca se caracterizó por su transparencia ni por tener como prioridad revelar la verdad. Tan solo dos semanas después, al negarse a proporcionar la lista de clientes de su empresa de consultoría internacional –obligado por ley–, tuvo que renunciar al cargo. Después de este tropezón inicial, el presidente Bush comprendió el costo político que tendría el fracaso de la comisión y no tardó en nombrar a un republicano moderado, sin conflictos de interés y con apoyo bipartidista, para encabezarla. Fue entonces cuando, a finales de 2002  y con 10 miembros, la comisión inició su trabajo.

El trabajo de la Comisión se extendió a lo largo de 19 meses –de diciembre de 2002 a julio de 2004–; tampoco exentos de controversias y de intentos de bloquear su trabajo. En un editorial de julio de 2003, en plena investigación, el New York Times se quejó de la administración de George W. Bush  diciendo que actuaba más como el Kremlin Soviético que como el gobierno de los Estados Unidos. Entre algunos de los obstáculos puestos por la administración republicana, destacan las restricciones a las comparecencias de la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, del vicepresidente Dick Cheney y del mismo presidente Bush. En el caso de la Consejera de Seguridad Nacional la Casa Blanca intentó impedir su comparecencia argumentando que, al no tener rango de Secretaria, la Comisión no podía obligarla a testificar; finalmente lo hizo, más por presión pública que por convencimiento. Las restricciones a la comparecencia del presidente Bush fueron aún más graves. Después de negarse a comparecer durante meses –argumentando que sentaría un precedente peligroso para la institución presidencial–, aceptó hacerlo sólo bajo sus condiciones: tendría que estar acompañado del vicepresidente, no se podría grabar ni registrar oficialmente la sesión y no podría estar bajo juramento. En otro editorial, el mismo día de la comparecencia, el mismo periódico neoyorquino calificó las condiciones de “cuestionables” y “ridículas”.

Finalmente, en julio de 2004, la Comisión terminó su trabajo y presentó su reporte final. Éste es un minucioso informe que analiza paso a paso la planeación y ejecución de los ataques del 11-S. Se puede dividir en dos partes: la primera, analiza las acciones de Al Qaeda y los aciertos de la organización terrorista al planear y ejecutar los ataques; la segunda, analiza detalladamente las fallas de las diferentes agencias de investigación estadounidenses encargadas de resguardar la seguridad del país (FBI, CIA y NSA principalmente).

El merito principal del informe está en la minuciosa investigación sobre el funcionamiento de las diferentes agencias e instituciones del gobierno federal encargadas de proteger la seguridad interna del país. A través de incontables testimonios de funcionarios de las diversas agencias, la Comisión hace una recopilación detallada de los sucesos previos y posteriores a los ataques y logra explicar el rol que cada agencia de investigación jugó y dónde estuvieron sus fallas. Así, por ejemplo, en un capitulo titulado The System was Blinking Red –parafraseando un diagnóstico del mismo director de la CIA–,  el informe detalla como a pesar de múltiples señales indicando la inminencia de un ataque, la lucha burocrática entre las agencias y las normas que determinan la forma en la que éstas intercambian información crearon lo que entre las mismas agencias se conoce sarcásticamente como “la pared”: la imposibilidad de intercambiar y usar información debido a las disputas y a los rigurosos sistemas de clasificación existentes entre ellas. En julio de 2001, tan sólo dos meses antes de los ataques, un agente del FBI envió a la sede de la agencia lo que se conoce como el “Phoenix Memo”: un memorando que advertía de actividades sospechosas de un importante número de extranjeros que asistían a diversas escuelas de aviación. Gracias al trabajo de la Comisión, hoy se sabe que el memorando, después de pasar meses perdido en el laberinto burocrático del FBI, finalmente llegó a las manos correctas…después del 11-S.

Algo similar sucedió con el que se cree debió haber sido el veinteavo secuestrador (los cuatro aviones estrellados fueron secuestrados por 19 terroristas), Zacarias Moussaoui. Un mes antes de los ataques, Moussaoui levantó sospechas en la oficina del FBI en Miniápolis al insistir en ser enseñado a despegar y aterrizar aviones comerciales cuando apenas comenzaba a aprender a volar. Al tratar de investigar al sospechoso, surgieron diversos obstáculos burocráticos que impidieron que siquiera se le confiscara su computadora personal. El reporte concluye que de haber investigado correctamente el caso de Moussaoui, es probable que se hubiera descubierto la trama de los atentados.

Es por esto que, en una de las críticas más directas y devastadoras, la Comisión culpa a los diversos cuerpos de espionaje por su torpeza operativa al no saber qué hacer con la información recolectada. La causa, según el diagnóstico de la Comisión, es la estructura anacrónica de los servicios de inteligencia aunada a un modus operandi que no ha sobrepasado el paradigma de seguridad de la Guerra Fría.

La Comisión llega a esta conclusión –la principal del reporte– no sólo por lo sucedido el 11-S. El informe hace un extenso repaso desde principios de los años 90 en el que documenta y analiza la forma en la que han operado las principales agencias de investigación. A través de múltiples ejemplos, el reporte evidencia la incompetencia de las agencias para trabajar en conjunto y las oportunidades perdidas para detener la amenaza. El periodo 1996-2000 es analizado con especial detenimiento. El reporte ofrece detallada documentación de cómo el tema de la amenaza terrorista ascendió de nivel en las preocupaciones de seguridad del gobierno y cómo, con el cambio de administración a principios de 2001, volvió a ser relegado a un segundo plano. Aunque, el informe, es importante señalar, es cuidadoso en no culpar directamente a las administraciones de Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush; las que fallaron, según la Comisión, fueron las agencias de investigación al no ser capaces de establecer la amenaza terrorista como prioridad en la agenda del nuevo gobierno (sobre este tema, véase el libro de Richard A. Clarke –Against all Enemies, Free Press, 2004–).

En los últimos capítulos del informe, la Comisión concluye su diagnóstico agrupando las fallas de los cuerpos de inteligencia en cuatro grandes áreas: imaginación, políticas, capacidades y gerencia.

En el primer caso, el reporte critica la falta de imaginación burocrática para pensar más allá de las amenazas tradicionales y ser capaces de imaginar nuevas formas y vehículos a través de los cuales se pudiera poner en riesgo la seguridad nacional (este punto es una crítica directa al no haber considerado el uso de aviones comerciales como proyectiles antes del 11-S).  Sobre el segundo punto, el reporte critica la forma en la que el gobierno subestimó, a lo largo de los años 90, la amenaza terrorista. A pesar de diversos ataques a intereses estadounidenses dentro y fuera de su territorio, las políticas gubernamentales nunca reflejaron esta nueva realidad. El informe es especialmente crítico con las limitadas formas que utilizó el gobierno para responder a las diversas amenazas terroristas: a través de operaciones encubiertas de la CIA (típica forma de operar durante la Guerra Fría). Respecto al tercer punto, el informe critica el pobre menú de opciones que se le presentó tanto al presidente Clinton como al presidente Bush para hacer frente a la amenaza terrorista: desde el Pentágono hasta los diversos cuerpos de inteligencia, ninguno fue capaz de vislumbrar y desarrollar nuevas capacidades para enfrentar las nuevas amenazas que surgieron a lo largo de los años 90. Finalmente, sobre el último punto, el informe compara a las agencias de investigación con el trabajo de médicos especialistas: cada uno ordena exámenes, hace diagnósticos y receta medicamentos; lo que nadie hace es coordinar su trabajo. Por tanto, concluye la Comisión, se requiere de alguien que coordine los esfuerzos y garantice el trabajo en equipo.

Y es precisamente de este último punto de donde surge la recomendación más importante de la Comisión: la creación del puesto de Director de Inteligencia Nacional. El reporte propone que las tareas de las 15 agencias de investigación –anteriormente controladas por el Pentágono y por la misma CIA– se coordinen y dirijan desde una figura central, responsable de todas las tareas de recolección de inteligencia, que le reporte directamente al presidente. Bajo esta nueva estructura, la nueva figura controlará un presupuesto de 40 mil millones de dólares y será el encargado de entregar el President’s Daily Brief (informe de inteligencia presentado todas las mañanas al Presidente –considerado en Washington como el documento más influyente–). Siendo ésta una de las primeras recomendaciones adoptadas por la administración republicana y por el Congreso, actualmente ya hay un candidato al puesto que se encuentra en proceso de ratificación en el Senado: se trata del controvertido diplomático y actual embajador en Irak John D. Negroponte.

Finalmente, un último punto sobre un aspecto que el informe no responde. Meses después de los atentados, Susan Sontag escribió en The New Yorker que los ataques se llevaron a cabo “como consecuencia de acciones y alianzas estadounidenses específicas”. Este es un tema que la Comisión simplemente deja inexplorado. En ningún momento intenta explicar o clarificar si Estados Unidos realizó alguna acción que pudo haber contribuido a provocar los ataques. Si bien el informe hace un excelente trabajo de investigación que aclara muchos aspectos operativos relacionados a los ataques del 11-S, lo que no logra hacer es una revisión crítica sobre la influencia de la política exterior de Estados Unidos –especialmente la relacionada con Medio Oriente durante los últimos 15 años– en las motivaciones de los terroristas.

Como bien reconoce la misma Comisión, la respuesta a los atentados del 11-S será el reto generacional para Estados Unidos; de ella dependerá si se fortalece como nación o si se debilita. La duda que deja la Comisión es si, más allá del excelente diagnóstico y de las soluciones que propone para el mejor funcionamiento de los cuerpos de inteligencia y la estructura de gobierno en general, Estados Unidos –opinión pública y gobierno– está preparado para evaluar críticamente lo que fue tan evidente para Sontag. Al final de cuentas, en el largo plazo, la seguridad del país dependerá de dos elementos: de la reforma y buen funcionamiento de sus instituciones de seguridad, así como de la capacidad que tenga como sociedad para entender su papel como potencia y responsabilizarse por la influencia de sus acciones en el resto del mundo. El reporte de la Comisión sólo explora el primero de ellos.