Octubre negro

Octubre de 2005 pasará a la historia como el mes más conflictivo y difícil de la presidencia de George W. Bush. A lo largo de las últimas semanas el presidente de Estados Unidos sufrió algunas de las derrotas y reveses más importantes de su mandato. En una amplia lista de temas, que abarcan desde la política interna hasta la exterior –pasando por la judicial– el presidente estadounidense ha visto cómo fracasa su iniciativa política, cómo pierde apoyo popular y cómo se distancia de su base electoral. Hace tan solo 12 meses, en estas mismas fechas, el presidente salió reelecto de una dura y competida elección que le dio, en sus propias palabras, el “capital político” necesario para enfrentar su segunda administración y llevar a cabo las grandes transformaciones en la estructura del gobierno que se proponía. Una año después, con 39 meses restantes en su presidencia, algunos analistas políticos empiezan a utilizar el término “lame duck” (pato cojo) –utilizado para describir a los presidentes que, por estar en la recta final de su mandato, se vuelven políticamente irrelevantes– para describir a Bush. Aunque los problemas del presidente comenzaron desde finales del verano, fue a lo largo del mes pasado cuando éstos se acumularon y le estallaron a la administración de manera casi simultanea. De cómo se desarrollen y resuelvan dependerán los últimos tres años de Bush. Mucho está en juego.

La perdida de confianza en la administración republicana comenzó con la desastrosa respuesta al huracán Katrina y sus consecuencias en la región del Golfo de México. Muchas cosas fallaron en el manejo del desastre natural, pero una en particular evidenció los vicios políticos de la Casa Blanca: la contratación, por favores personales, de un funcionario sin competencias para dirigir FEMA (la agencia federal encargada de responder a situaciones de emergencia). Después de duras críticas, su titular, Michael Brown, fue obligado a renunciar en medio acusaciones de nepotismo y negligencia; este caso fue el inicio de una desastrosa cadena de escándalos políticos que llegaron a su clímax (por el momento) la semana pasada con la acusación formal y renuncia de la mano derecha del vicepresidente Dick Cheney.

Bill Frist y Tom DeLay —o la vanidad del poder—

A finales de septiembre, dos de los Congresistas de mayor rango y claves en la relación del Congreso con la Casa Blanca fueron acusados formalmente –en casos separados y desconectados– por crímenes graves. Se trata de los republicanos Bill Frist, líder del Senado, y Tom DeLay, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes; dos de los legisladores más influyentes en Washington. El primero, clave en la relación de Bush con su base conservadora y con aspiraciones presidenciales en 2008, fue acusado de usar información privilegiada en la venta de acciones de una empresa familiar (el mismo crimen por el que fue acusada la diva del entretenimiento doméstico Martha Stewart). La investigación apenas comienza, pero, de confirmarse los cargos, Frist tendría que renunciar a su cargo y podría pasar varios años en prisión. DeLay, por su parte, apodado “el martillo” (por la dureza con la que negocia en el Congreso y castiga a sus oponentes), se enfrenta a acusaciones más graves: violación del código electoral de Texas, lavado de dinero y conspiración criminal. Ya ha abandonado temporalmente su puesto como líder y, de ser condenado, podría recibir cadena perpetua. Más allá de la gravedad de las acusaciones, ambos casos son muy significativos porque involucran a dos líderes claves del partido republicano muy cercanos al presidente Bush. Para un presidente que prometió restablecer el “honor y la dignidad” en la Casa Blanca –después de los escándalos de Bill Clinton–, estos casos dañan seriamente la legitimidad moral del presidente.

Harriet Miers –o el nepotismo inocente–

El 3 de octubre Bush tomó una de las decisiones más importantes de su presidencia: nombró el reemplazo de uno de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia. El presidente nominó a Harriet Miers –su abogada personal– para reemplazar a Sandra Day O’Conner, la juez que se retira. Oportunidades como esta –la segunda de Bush– son el sueño de cualquier presidente; representan una oportunidad para dejar su sello ideológico durante décadas en la máxima instancia judicial. Acertar en su elección era fundamental; una de las deudas electorales más importantes de Bush era la nominación de jueces conservadores a las cortes del país; en el caso de la Suprema Corte, su base electoral esperaba resultados. Bush apostó por Miers y fracasó. Ninguna nominación presidencial ha causado tanto rechazo –en ambos lados del espectro político– como la de Miers: la derecha religiosa se enfureció por no considerarla lo suficientemente conservadora y los demócratas la acusaron de no tener la capacidad suficiente para ocupar el cargo. El rechazo fue tal que el diario Wall Street Journal, normalmente en sintonía con Bush, lo acusó directamente con un titular que leía “Nepotismo”. Bush nunca imaginó que las críticas más feroces vendrían del ala más radical de su partido. Miers retiró su candidatura la semana pasada y Bush siguió los consejos de su base: nominó a Samuel A. Alito, un juez con incuestionables credenciales conservadoras. Su confirmación en el Congreso se perfila como una dura batalla que amenaza con hacer estallar al Senado y dividir aún más a los partidos. De no llevar a buen puerto el proceso de sucesión de O’Conner, Bush corre el riesgo de perder el apoyo del sector que lo ha sostenido a lo largo de su presidencia.

Dick Cheney –o la desmesura de la fuerza–

También a principios de octubre, en una medida que pasó prácticamente desapercibida, el Senado aprobó una ley que obliga al personal de las fuerzas armadas a seguir los códigos de conducta que establecen los manuales del ejercito (que a su vez se basan en los diferentes instrumentos del derecho internacional en la materia). El Senado aprobó la ley por una abrumadora mayoría (para cobrar vigencia, falta que la aprueba la Cámara de Representantes y que no la vete Bush, como ya amenazó en hacerlo) y la formuló con un único objetivo: restringir las prácticas autorizadas por la Casa Blanca en la detención e interrogamiento de prisioneros de guerra.

Promovida por el Senador republicano John McCain (prisionero de guerra en Vietnam durante cinco años), la ley representa un revés especialmente doloroso para la Casa Blanca. La administración ha argumentado, especialmente a través del Vicepresidente Cheney, que, en tiempos de guerra como los actuales, no es “práctico” auto restringirse por las normas internacionales de la guerra. Por encima de cualquier otra consideración, la ley es una reprobación por parte del Senado a la manera en la que la Casa Blanca ha peleado la guerra de Irak y a lo poderes especiales que se auto confirió.

Lewis Libby –o la venganza del poder–

El caso que sin duda rebasa en magnitud a cualquier de los descritos anteriormente y que estremeció los cimientos de la Casa Blanca la semana pasada fue la esperada acusación de Lewis Libby, mano derecha del vicepresidente Dick Cheney. El caso Libby es un complicado embrollo legal que lleva más de dos años de investigación. La esencia del caso es la siguiente: en julio de 2003 se filtró a la prensa el nombre de una agente encubierta de la CIA (Valerie Plame) casada con un diplomático (Joseph Wilson) crítico de las razones que utilizó Bush para justificar la invasión de Irak. Desde un principio se sospechó que la filtración (gravemente penada por tratarse de una agente encubierta) fue orquestada desde las esferas más altas de la Casa Blanca y que tenía como propósito desacreditar y castigar a Wilson. Después de una larga investigación, la semana pasada se acusó formalmente al asesor del vicepresidente y no se descartó la implicación de Karl Rove, asesor en jefe del presidente Bush. Las consecuencias de este caso podrían ser catastróficas para la Casa Blanca –especialmente si se le acusa a Rove–. Algunos medios ya comparan el caso Plame con el Watergate de Nixon, el Irán-contra de Reagan o el Lewinsky de Clinton. El enjuiciamiento de Libby en los próximos meses regresará al primer plano la discusión sobre las razones que utilizó la administración republicana para justificar la invasión de Irak. Sin armas de destrucción masiva, con miles de millones gastados —y muchos más por gastar—, y con la cota simbólica de los 2,000 muertos rebasada la semana pasada, el juicio promete abrir una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles que podrían consumir el resto de la presidencia de Bush (similar a lo que le pasó a Clinton con el caso Lewinsky).

En ningún momento durante los casi cinco años que lleva Bush en la presidencia había estado tan amenazado su liderazgo político. Con un índice de aprobación de menos del 40 por ciento, Bush se encuentra contra la pared y en riesgo de convertirse prematuramente en el incompetente lame duck. Para recuperar su iniciativa política, se habla ya de cambios importantes en el gabinete, especialmente en Defensa y en el Tesoro.

Para saber si Bush se logra reestablecer y salva su presidencia, no nos queda más que esperar y ver cómo se resuelven los casos mencionados a lo largo de los próximos meses; lo que sí podemos saber desde ahora es que, si los republicanos pierden la elección presidencial en 2008, el génesis de su derrota sin duda tuvo lugar en el octubre negro de 2005.