‘Accountability’

Decidí no traducir el título de esta columna porque no existe una palabra en español que capture el significado de accountability –lo que dice mucho de la tradición política de los países hispanohablantes–. El diccionario define el término como la obligación de personas, organizaciones o instituciones de justificar acciones o decisiones. Ser accountable –aún más difícil de traducir– significa estar al alcance de aquéllos a los que se representa y, en su nombre, explicar y justificar por qué se actúa de determinada manera –se trate de una empresa, una universidad o un gobierno–.

Históricamente, la accountability –o rendición de cuentas, el equivalente más cercano en español– ha sido una tradición central del sistema político y del diseño institucional estadounidense. Desde el inicio de la república –incluso antes, con la herencia británica– las instituciones políticas norteamericanas se han construido invariablemente con el principio de accountability claramente adherido a ellas. La estabilidad política y la fortaleza institucional estadounidense se pueden explicar, entre otros factores, por la capacidad de hacer accountable –de hacer rendir cuentas– a funcionarios públicos de todos los niveles.

Desde el inicio de la vida independiente los mismos documentos fundacionales de la república (la Constitución, los Federalist Papers y el Bill of Rights) contemplaron un complejo y sofisticado sistema de rendición de cuentas que abarca no sólo el eje horizontal (los famosos checks and balances entre los distintos poderes –una rendición de cuentas intra-gubernamental–), sino también el vertical (los gobernantes respondiendo a los gobernados). En suma, estamos ante un tema crucial del sistema político de Estados Unidos en donde, me atrevería a afirmar, verdaderamente ha existido un “excepcionalismo norteamericano”.

Sin embargo, después del 11 de septiembre la vigorosidad de esta importante tradición ha sido puesta en duda por diversos sectores de la sociedad estadounidense a los que les preocupa el camino seguido por la administración Bush.

Por antonomasia, la reelección en cargos públicos es el mejor ejemplo de la rendición de cuentas en el sistema político norteamericano. Desde el presidente, pasando por senadores y representantes, hasta los sheriff de policía y los alcaldes son cargos de elección popular donde, buscando fomentar la rendición de cuentas, se permite la reelección –con límites en algunos casos y diferencias entre estados–.

Lo que se busca fomentar son instituciones que respondan a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía: a través de la reelección, el político es sometido al escrutinio público cada cierto número de años; así se pretende evitar crear órganos burocráticos desapegados de las necesidades públicas y funcionarios fuera del alcance de los representados.

La cultura de rendición de cuentas en Estados Unidos no sólo está presente en las instituciones políticas. También lo está en la sociedad civil. Existen cientos de asociaciones ciudadanas dedicadas a la vigilancia y denuncia de una amplia variedad de temas; el nombre mismo con el que se les conoce dice mucho de la seriedad y la agresividad con la que se tratan las responsabilidades públicas: watchdog organizations.

Entre muchas otras está Public Citizen, fundada en 1971 por Ralph Nader, legendario defensor de los derechos de los consumidores; el Congress Accountability Project, otra asociación fundada por Nader que se dedica a vigilar y exponer las faltas del poder legislativo; el ‘Government Accountability Project’, una organización con casi 30 años de trabajo que busca promover la rendición de cuentas en el gobierno a través de incentivar la denuncia de actividades ilegales por parte de los empleados del mismo (lo que se conoce en Estados Unidos como whistleblowers); el Center for Public Integrity, un centro dedicado a investigar y analizar las decisiones de gobierno y su legalidad. Así podríamos continuar con una interminable lista de organizaciones que tienen como único objetivo hacer efectiva la rendición de cuentas.

Sin embargo, en años recientes esta tradición ha perdido fuerza en Washington. Una serie de casos y decisiones tomadas tanto a nivel estatal como federal dan preocupantes muestras de una posible erosión en el sistema de rendición de cuentas.

Desde la influencia y prácticas de los lobbies, hasta las atribuciones presidenciales para declarar la guerra y detener indefinidamente prisioneros de guerra han sido motivo de investigaciones gubernamentales, fallos de la Suprema Corte de Justicia y extensos análisis y opiniones en la prensa.

Dos casos en particular, de los cuales se ha tenido nueva información en las últimas semanas, ponen en duda la salud de la rendición de cuentas en Estados Unidos. Me refiero a la revelación del New York Times en noviembre pasado de la existencia de un programa de espionaje telefónico (prohibido por ley) autorizado por el presidente Bush y la filtración del nombre de una agente encubierta de la CIA también autorizado, o por lo menos con el consentimiento –recién se sabe–, del Presidente.

Ambos casos están en el centro del debate político en Estados Unidos y su resolución (o falta de) servirá para saber qué tan vigente sigue la tradición de rendición de cuentas. El presidente Bush ha argumentado en repetidas ocasiones que las reglas cambiaron después del 11-S, que los retos y las amenazas son diferentes y que, por tanto, el ejecutivo necesita mayor campo de acción. Probablemente. Pero, si en el intento, el gobierno debilita esta importante tradición, Estados Unidos habrá perdido uno de los pilares sobre los que reposa su poder y estabilidad.