Supremo

De los tres poderes de gobierno, dos son los que tradicionalmente acaparan la atención y el escrutinio de la opinión pública; el tercero, el judicial, pocas veces pinta entre los titulares del día; su importancia, sin embargo, es mayor de la que aparenta.

Hasta hace pocos años sólo se sabía del poder judicial cuando, entre sus asuntos, revisaba algún caso de interés general o cuando emitía un fallo que afectaba los intereses de un gran número de personas.

En tiempos recientes, sin embargo, el papel de esta tercera rama de gobierno ha cambiado. No en el sentido formal –sus atribuciones siguen siendo las mismas desde su creación–, más bien, se trata de la relación que existe entre ella y la creciente conciencia pública sobre el peso que tiene en el proceso político.

Al poder judicial lo tenemos que entender desde el rol que juega su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia. Conformada por nueve jueces, ésta escucha un selecto número de casos al año que, ya sea por su relevancia política o por la decisión de alguno de sus integrantes, suben a través del escalafón judicial hasta llegar a su última instancia; los casos que se escuchan, en teoría, son aquellos que abordan temas particularmente sensibles para la sociedad y requieren de la sabiduría y buen juicio de la máxima instancia judicial para resolver su constitucionalidad (esta semana la Corte escucha un caso sobre los límites de la libertad de expresión dentro de la escuela que podría redefinir lo que un alumno puede o no decir dentro de ella).

Tradicionalmente, la Corte ha trabajado en un discreto segundo plano, alejada de las presiones que normalmente agobian al ejecutivo y legislativo y sin sujetarse a los ciclos y tensiones del calendario político partidista.

Sin embargo, en años recientes, la Corte y los procesos de nominación y confirmación –que involucran tanto al ejecutivo como al legislativo– se han politizado. Después de una serie de fallos controversiales y divisivos –socialmente hablando– a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, grupos de interés y lobbies políticos descubrieron que en muchos casos el peso de las sentencias emitidas por la Corte están por encima de la legislación promovida desde los otros dos poderes.

Para realmente tener influencia en el proceso político, se dieron cuenta estos grupos, es necesario pack the courts (“llenar las cortes”) de jueces afines a sus causas.

Repasando los últimos 40 años de decisiones judiciales, una en particular salta a la vista y ayuda a entender la transición que está viviendo la Corte. Se trata del caso que legalizó el aborto en 1973, Roe v. Wade. Como pocas decisiones judiciales en la historia del país, ésta dividió a la sociedad, captó los reflectores mediáticos y se ha mantenido, durante más de cuatro décadas, como el centro de lo que en Estados Unidos llaman las ‘Culture Wars’ (la batalla entre conservadores y liberales por establecer valores análogos a los suyos).

El caso se decidió por una cerrada votación de cinco contra cuatro y fue el origen de una de las luchas más divisivas a las que se sigue enfrentado la sociedad estadounidense. Los grupos conservadores ven en este tema la madre de todas las batallas: entre una sociedad donde reina la “anarquía moral” y el libertinaje o, más en el sentido que ellos quisieran, una guiada por valores religiosos que garanticen una moral pública común.

Aprendida la lección del quinto y decisivo voto, la estrategia de los grupos conservadores ha sido influir lo más posible en el proceso de nominación de jueces para así garantizar –basándose en su historial judicial– cierta lealtad con los temas y valores que promueven. Después de todo tipo de intentos por restringir el aborto –incluyendo asesinatos a doctores que lo realizan e incendios a clínicas donde se practica– los grupos conservadores saben que sólo lograrán su objetivo por medio de una nueva decisión que revierta Roe v. Wade.

Las recientes expectativas sobre el futuro de la Corte se desprenden de los cambios que ésta ha sufrido en los dos últimos años. Después de más de una década en la que su composición se mantuvo intacta, en el verano de 2005 Bush realizó su primer nombramiento a la máxima magistratura del país y sólo meses después el segundo, luego de la muerte de su presidente, William Rehnquist.

El primer caso fue el reemplazo de Sandra Day O’Connor, la primera mujer que llegó a la Suprema Corte y la juez que a lo largo de las últimas décadas, y debido a su posición centrista, decidió con su voto el mayor número de casos. La sustituyó Samuel A. Alito, un magistrado con un claro récord conservador que con su incorporación a la Corte suman ya cinco los jueces católicos que la integran (una anomalía en un país donde históricamente se ha desconfiado de este grupo y en el que  sólo el 25 por ciento de la población profesa esa religión).

Al presidente de la Corte, por otra parte, lo reemplazó John Roberts, un juez de 52 años que tan sólo ingresar en ella ocupó su presidencia. De perfil discreto y competente, Roberts ha mantenido consistentemente opiniones afines a grupos conservadores durante los últimos 25 años. Por su corta edad –para los estándares de la Corte–, Roberts podría convertirse en el vehículo mediante el cual el poder judicial empuje al país hacia un régimen legal más intolerante y punitivo (en la tradición de los jueces Scalia y Thomas).

Entre los temas que el Tribunal Supremo tiene previsto revisar próximamente están asuntos tan espinosos como establecer nuevos límites al aborto, reafirmar o rechazar la continuidad de los programas de affirmative action y definir parámetros federales para el cuidado del medio ambiente.

Aunque la Suprema Corte no tiene el atractivo y poder del ejecutivo ni tampoco el control e iniciativa del legislativo, no la pierdan de vista, en los próximos meses, algunas de las batallas políticas de mayor impacto y trascendencia para el país tendrán lugar en ella.