Marea

WASHINGTON— Durante décadas, la discusión sobre la reforma al sistema de inmigración en Estados Unidos ha girado principalmente en torno a los inmigrantes indocumentados y las problemáticas y soluciones relacionadas con éstos. De cómo frenar su entrada a si atajar el problema vía el castigo a los empleadores, criminalizando el fenómeno o restringiendo sus derechos y prestaciones sociales.

Las principales posturas y divisiones políticas se han formado alrededor de estos temas; son los puntos de fricción del debate; los temas que han hecho imposible la reforma y creado un sistema disfuncional que mantiene a millones de indocumentados en la sombra.

Desde hace algunos años, sin embargo, lentamente se ha comenzado a introducir otro tema que desde una perspectiva distinta hace un nuevo llamado a reformar el sistema; una nueva presión que pone el dedo en la llaga y señala las insuficiencias de una política que no está a la altura de un país en el que desde su fundación la inmigración ha impulsado el desarrollo.

Me refiero a la crisis de la inmigración calificada —high-skill workers—, a la creciente incapacidad del país de atraerle y de la consecuente pérdida de competitividad de diversos sectores económicos.

Desde hace ya algunos años las denuncias de compañías como Microsoft y otros gigantes del sector informático han sido frecuentes y señalan con tino los anacronismos de muchas de las estipulaciones de la legislación actual. Cuotas de visados arbitrarias, categorías de trabajo mal establecidas, exceso de burocracia, falta de incentivos para estudiantes de posgrado, entre muchos más.

Pero en los últimos años —muy en particular en los últimos 12 meses— la presión desde sectores estratégicos de la economía incapaces de mantener el paso ha aumentado y está proporcionando un renovado impulso para hacer el enésimo intento de atajar el tema y reformar el sistema.

La última prueba de la tendencia viene en la forma de un informe del Center for American Progress en Washington en el que se pone en contexto la crisis de la inmigración calificada y se hace un llamado al Congreso a encarar el problema.

El reporte, titulado Prosperous Immigrants, Prosperous Americans: How to Welcome the World’s Best Educated, Boost Economic Growth, and Create Jobs, ofrece un claro diagnóstico de la crisis y enumera las consecuencias que podría traer mantener el statu quo.

Excluyendo los visados de negocio y de turistas, Estados Unidos otorga casi dos millones de visados al año. De éstos, sólo 250.000 se conceden a profesionistas. Y de este cuarto de millón, a sólo 60.000 se les concede el status de residente permanente.

¿En qué se traducen las cifras? En números claramente insuficientes para un país de más de 300 millones de habitantes que necesita de un constante influjo de talento para mantenerse en la punta. Siempre lo ha necesitado; no siempre lo ha reconocido.

Hasta hace pocos años —y en parte quizá por el éxito económico de los años noventa— la importancia e impacto de la inmigración calificada se tendía a obviar y en algunos casos incluso a minusvalorar. El informe recuerda y pone en perspectiva su importancia: de los 10 premios Nobel concedidos a estadounidenses en 2009, cuatro de ellos nacieron en el extranjero. O el caso de las compañías más innovadoras: Intel, Solectron, Sun, eBay, Yahoo! y Google, entre muchas otras, fueron fundadas por inmigrantes.

Un estudio de 2007 de la universidad de Berkeley lo pone en cifras aún más claras: el 25% de las empresas de alta tecnología fundadas entre 1995 y 2005 tuvieron al menos a un inmigrante entre sus fundadores.

El pasado lunes, la oficina del censo informaba que uno de cada seis trabajadores en Estados Unidos es inmigrante; la cifra más alta desde la década de los veinte del siglo pasado; una razón más por la que el marco regulatorio actual es insuficiente.

A pesar del desgaste legislativo de la reforma sanitaria, hace unas semanas la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, afirmó que la Administración Obama tiene la intención de atajar el tema en los próximos meses.

Hace unos días le pregunté al autor del informe del Center for American Progress, Marshall Fitz, si cree que la reforma se presentará el año que viene y cuál podría ser su calendario en el Congreso. “Existe un consenso, especialmente un argumento económico, de que llegó el momento de llevarla a cabo”, me dijo. Otro elemento que podría animar a la administración a hacerlo en 2010, añade, es la menor presión que existe en estos momentos sobre la frontera sur y la inmigración indocumentada —“esto contribuirá de manera importante a tener un debate más sensato”—.

Sobre los tiempos y el calendario, Fitz espera que la discusión sea liderada por Charles Schumer desde el Senado. “Presentará una propuesta en febrero o marzo y rápidamente pasará al pleno”. A diferencia de la reforma sanitaria, asegura Fitz, la mayor parte de la discusión de la reforma al sistema de inmigración ya tuvo lugar y su recorrido será más expedito.

Todo indica que el momento de esta esperada reforma ha llegado. La discusión ya no sólo gira en torno a los inmigrantes indocumentados y sus problemas; sobre la mesa están ahora también las mentes más brillantes del planeta deseosas de aprovechar las oportunidades que brinda Estados Unidos.

Como dice el refrán: sólo se sabe quién ha estado nadando desnudo cuando desciende la marea. Las aguas han comenzado a bajar, pronto lo sabremos.