Contraparte

“¿Y si los intereses especiales intentan tumbar su propuesta con ataques y calumnias, como lo han hecho durante los últimos 40 años?”,  le preguntó a Obama un asistente a un debate a finales de 2007. “Abriría el proceso”, respondió el candidato, “emitiría por televisión las negociaciones y expondría las motivaciones de los que se oponen”.

Exactamente lo que hizo el jueves pasado para intentar relanzar la reforma del sistema sanitario.

Al margen del resultado de la reunión, el debate —y de manera más amplia, el primer año de gobierno— ofrece un estudio de caso sobre las disfunciones del sistema político y las dificultades que tendrá la Administración para cumplir el resto de su agenda.

La reforma del sistema de salud pública ha sido una prioridad aplazada durante décadas que jugó un papel fundamental en la campaña interna del partido Demócrata a principios de 2008. No había duda sobre la importancia de la reforma; el debate se centró en cómo llevarla a cabo, qué temas priorizar y cómo enfrentarse al ejército de intereses que intentarían frenarla.

El resultado de la elección de noviembre de 2008 no pudo haber sido más favorable para sus partidarios: una victoria clara de un candidato que la respaldaba inequívocamente, una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado —después de un rifirrafe electoral, éste incluso quedó blindado con una supermayoría a prueba del temido filibusterismo; para después, sólo semanas antes de votarla, perder el asiento de Ted Kennedy en Massachussets—. Sin embargo, y como Obama comprobó a lo largo del año, en los tiempos ultra partidistas que corren en Washington, las mayorías parlamentarias ya no bastan.

Lanzada durante la primavera de 2009, el presidente propuso que la reforma hiciera su recorrido legislativo durante los primeros meses del verano y estuviera de vuelta en su escritorio para ser firmada en agosto. Obama estableció las directrices y encargó al Congreso la redacción de los detalles. El plazo llegó y se fue sin que el presidente pudiera hacer nada.

Cuando no era un comité del Senado quien la detenía, era un subcomité de la Cámara de Representantes; cuando no era la intransigencia y rigidez ideológica de los republicanos, era la postura radicalizada de un representante demócrata que buscaba obtener prebendas. Y cuando no era un órgano del Congreso, lo era subrepticiamente algún miembro del lobby sanitario —hospitales, farmacéuticas, aseguradoras—. Una compleja red de intereses, pues, que atenaza el sistema y hace muy difícil la aprobación de cualquier propuesta legislativa de calado. Y no sólo en el sector sanitario.

Una práctica frecuente en el Congreso es detener los nombramientos de cargos de la Administración como forma de chantaje legislativo para obtener recursos o proyectos en los distritos o estados de los congresistas. Richard Shelby —senador republicano de Alabama—, por ejemplo, bloqueó recientemente la confirmación de más de 70 altos puestos del Gobierno. ¿Su condición para levantarlo? Un contrato para construir aviones cisterna y la instalación de un centro antiterrorista en su estado.

“No culpen a Obama”, escribió recientemente Michael Tomasky en The Guardian, “los padres fundadores buscaron crear un sistema que se moviera lentamente. Sin embargo, ahora tenemos un sistema que apenas se mueve”. Un sistema que apenas se mueve y que hace muy difícil la tarea del gobernante. Más aún, en últimas fechas, una pregunta impensable hasta hace muy poco ha comenzado a flotar en Washington: ¿es gobernable Estados Unidos? Es decir, ¿pueden sus instituciones soportar y procesar las exigencias que impone una sociedad tan dinámica como la estadounidense?

Parte de la respuesta está en el sistema político y sus vicios. La otra, en una tradición tan norteamericana como el béisbol, los hot dogs o John Wayne: la desconfianza crónica y arraigada en el Gobierno. Desconfianza hacia sus instituciones, la concentración de poder y, sobre todo, los excesos regulatorios. Una obsesión por la libertad individual llevada al extremo y en la que cualquier interferencia es percibida como tiranía del Estado.

Es precisamente de esta visión de donde han surgido los movimientos políticos que se oponen con mayor fuerza a la agenda del presidente. Desde hace décadas —pero muy en especial desde la llegada de Ronald Reagan— el partido Republicano ha hecho de diversas posiciones antigubernamentales el eje de su programa político. Utilizan al Gobierno para desmantelar al Gobierno.

Un razonamiento perverso que a lo largo de las últimas décadas —y con ayuda de los medios de comunicación— ha calado en segmentos importantes de la sociedad estadounidense —por lo general blancos, rurales, pobres y religiosos—.

De este fermento nacieron movimientos como el ahora flamante Tea Party, una amorfa coalición de grupos conservadores impulsada por el conductor de Fox News Glenn Beck. De los partidarios del derecho a portar armas a grupos anti-impuestos a los que se oponen al aborto, el movimiento comparte un mismo objetivo: sabotear al Gobierno e intentar reducir su tamaño a toda costa. En los últimos meses ha cogido fuerza por medio de algunas de las estrategias utilizadas por Obama durante la campaña: el uso de la web, las redes sociales y canales como YouTube para potenciar su causa, recolectar dinero y darle forma y hacer accionable una agenda política alternativa. Con rapidez, el movimiento crece y adquiere poder en Washington.

Un solo país; dos visiones de futuro; la contraparte del movimiento que aupó a Obama en noviembre de 2008.