Influencia

WASHINGTON— Un primero de mayo más se acerca y, curiosamente, el tema de la inmigración en Estados Unidos se debate nuevamente. Como ya adelantaba en este espacio en diciembre, parece que, ahora sí, este será el año de la reforma al sistema de inmigración; el año cuando el Congreso aborde finalmente de manera exhaustiva los males que aquejan a las políticas de inmigración de este país.

Con la reforma al sistema sanitario ya aprobada y la del sistema financiero encaminada, los principales líderes del Senado y la Cámara de Representantes lanzan señales inequívocas de que se disponen a discutir el régimen de inmigración, sin importar la falta de voluntad de la oposición ni sus costes políticos —no hay que olvidar que estamos en año electoral—. Una vez más y si la reforma pasa los filtros necesarios para presentarse al pleno de ambas cámaras —probablemente a finales de verano o comienzos del otoño—, nos enfrentamos a la limitación de los Demócratas en el senado para alcanzar los mágicos 60 votos.

El último impulso en el debate llega de la mano de una desafortunada medida cocinada en los desiertos de Arizona por un legislador del estado asociado a grupos supremacistas blancos. La ley, aprobada apenas el viernes y que deberá entrar en vigor en 90 días es, por diferencia, la medida más punitiva en contra de un grupo específico de inmigrantes —hispanos o, más en concreto, mexicanos—.

Entre otras cosas, la nueva disposición le otorga el poder a la policía estatal para verificar el estatus de inmigración de cualquier persona que le resulte sospechosa. Una viñeta en el South Florida Sun-Sentinel se burlaba de la medida con una ilustración en la que un hombre es arrestado después de despertar sospechas por pedir una orden de nachos en un restaurante. Bromas aparte, el peligro implícito que contiene la ley está en que otorga un cheque en blanco a la policía para practicar lo que aquí se conoce como racial profiling —investigar o arrestar a individuos en base a su fenotipo—.

Además, se aleja de la sana tradición estadounidense de reducir al mínimo el número de documentos que está obligado a portar un ciudadano. Si en países como España o algunos otros con pasados dictatoriales llevar documentos que acrediten la identidad es obligatorio y absolutamente normal, en Estados Unidos resulta inadmisible. O resultaba. Al menos en Arizona.

La nueva ley convierte en delito no portar la documentación necesaria para acreditar que se está en el país de manera legal. Y permite que los ciudadanos presenten demandas en contra de las autoridades si creen que éstas no hacen todo lo posible para que se cumpla la ley.

Arizona, ciertamente, es un caso extremo que, al menos por ahora, no se repite en otras regiones el país. Con poco menos de medio millón de inmigrantes indocumentados, el estado está en la punta de lanza en los esfuerzos para restringir el fenómeno.

Extraigo tres conclusiones de la aprobación de la medida que serán claves para entender el debate nacional que se avecina y que cualquiera con intereses en el tema deberá tener en cuenta.

1) El poder de las corrientes electorales. En la última semana diversos diarios han dado cuenta de las motivaciones electorales de las principales figuras detrás de la aprobación de la medida. Comenzando con la gobernadora del estado, Jan Brewer, que reemplazó a Janet Napolitano en el cargo y que se presenta a su primera elección. Hasta meses recientes sus posturas sobre el tema eran poco conocidas y, según exégetas de la política local, su respaldo sólo se puede entender en clave electoral.

El propio John McCain —el antiguo maverick y después rancio candidato presidencial—, que había presentado sus propias propuestas para reformar el sistema, se terminó sumando —y proponiendo que se implicara al ejército y sus tecnologías más sofisticadas en el combate al fenómeno—. ¿La razón? Se presenta a la reelección en noviembre y está siendo atacado desde su flanco derecho.

2) La política local, en muchas ocasiones, se impone a la nacional. Como en pocos sistemas políticos del mundo, el estadounidense cumple y lleva a la práctica sus sueños federalistas. Confundir la alta política practicada en los pasillos del Congreso o en los salones de la Casa Blanca con las dinámicas locales es de primerizo. Sobre todo después de que una legislación estatal ya ha sido aprobada —sugerir, como lo ha hecho el Gobierno mexicano, que la ley se denunciará directamente ante Obama en mayo en la Casa Blanca, se inserta en esta línea—.

3) El tabú del peso político. Los mexicanos en Estados Unidos no tienen fuerza colectiva en el sistema político. Por mucho que se magnifique —y mitifique— en México la dependencia estadounidense a la fuerza laboral mexicana, lo cierto es que como colectivo no tiene poder político ni sabe encauzar sus intereses en las corrientes del sistema —una estrategia inteligente por parte de las autoridades mexicanas pasaría necesariamente por buscar fórmulas de empoderamiento político real, y no de rasgarse las vestiduras e invocar los derechos humanos cada vez que se aprueba una medida de este tipo—.

Si lo tuviera, no se hubiera aprobado una ley como la que se firmó el viernes en Arizona. En inglés se dice political clout. O se tiene o no se tiene.