Los límites del gobierno abierto

El Open Government Partnership, una alianza entre gobiernos que se concretó en Nueva York hace pocas semanas, es una de las asociaciones más extrañas en surgir de la escena internacional en los últimos años. Gobiernos de sitios muy diversos (Brasil, Indonesia, Filipinas, México, Noruega, et al.) se reunieron para formar una organización que promueva plataformas comunes para transparentar los procesos de toma de decisiones. Digo extraña porque en los tiempos que corren parecería que los gobiernos tendrían que ser capaces de coordinarse en otros ámbitos bastante más elementales.

Sin embargo, la iniciativa merece ser comentada porque se inserta en una tendencia más amplia que lentamente comienza a transformar el funcionamiento estructural de algunos gobiernos al tiempo que muchos otros se montan en la ola sin tener idea ni de lo que es ni cómo se come.

Me refiero a lo que se conoce como open government o gobierno abierto. Un ámbito de amorfa definición que combina temas de rendición de cuentas, administración pública y nuevos espacios de colaboración y participación política abiertos por las tecnologías de la información. Nuevas formas de resolver, en otras palabras, temas que han sido el talón de Aquiles de las administraciones públicas en todos los niveles de gobierno desde hace siglos. Desde la necesidad de la estructura burocrática misma a la forma en la que se deciden presupuestos, asignan recursos y fiscalizan las acciones del gobierno. Lo que esta aproximación intenta hacer es replantear muchos de los procesos y las aproximaciones a través de las cuales se han atajado estos temas.

Así, por ejemplo, una de las iniciativas que más éxito ha tenido es la apertura de datos dentro de las administraciones. En los últimos dos años se ha desatado una intensa competencia internacional entre gobiernos por liberar los datos de los que disponen. Esto es, abrir sus archivos y hacer legible la montaña de información de la que dispone un gobierno. Con dos objetivos: transparentar sus acciones e involucrar a la sociedad civil en la creación de servicios más eficaces y acordes a las necesidades ciudadanas.

La historia del gobierno abierto parte de las oportunidades que algunos en el mundo de la tecnología vieron en el uso de herramientas que tradicionalmente han sido utilizadas en la informática y la empresa. ¿Qué sucedería, se preguntaron, si las acciones de gobierno se midieran con otros criterios y se le obligara a actuar respondiendo a otros parámetros?

Todo claro hasta aquí. Donde el tema se torna complicado —y  me surgen dudas sobre alianzas como el Open Government Partnership— es cuando se piensa que estos nuevos mecanismos de rendición de cuentas se pueden aplicar en cualquier momento y contexto político. No es lo mismo hacerlo en países con una asentada tradición democrática —y, quizá más importante,  confianza ciudadana en las instituciones— que en países que no la tienen. Tampoco se puede entender de la misma manera en sociedades con una participación ciudadana probada y vigorosa y otras que nunca la han tenido.

Como bien advierte The Economist en su número más reciente, volcar todo tipo de información en línea se ve bien —y está de moda—. Pero eso en sí mismo no garantiza nada. La transparencia, dice con tino el semanario, “no siempre se traduce en rendición de cuentas”.

En los últimos años he visto a diestra y siniestra cómo infinidad de proyectos en países con una base democrática débil se montan al carro de la transparencia y el gobierno abierto sin entender la compleja mezcla de elementos que los hacen funcionar. Copias, por lo general, de proyectos exitosos en Estados Unidos y Reino Unido que tienen detrás no solo un sistema democrático sólido y funcional, sino también años de planeación y experiencia —los dos más copiados son la Sunlight Foundation en Washington, quizá la organización a nivel planetario que más sabe sobre temas de transparencia, y FixMyStreet de Reino Unido—.

No es el camino. El gobierno es uno de los ámbitos más difíciles en los que innovar. La tecnología no es el elixir para conseguirlo. Nada reemplaza la innovación social —o, para tal caso, la incompetencia— de base. Cualquier gobierno u organización que diga lo contrario, nos está engañando.