La Suprema Corte se politiza

Surge inesperadamente un comodín en la carrera por la Casa Blanca. Una muestra rotunda de la politización extrema que ha alcanzado el sistema político estadounidense; un presagio de lo que viene, no solo en la lucha por la presidencia, sino en un creciente número de temas en los que los consensos que habían mantenido el centro se desvanecen, uno a uno.

El comodín inesperado llega en forma de un caso en la Suprema Corte de Justicia: una demanda interpuesta por 26 estados —todos ellos con gobernadores Republicanos— en contra de la reforma sanitaria de Obama aprobada en 2010. La resolución del caso, que no se espera hasta junio, podría provocar un cataclismo político de consecuencias imprevisibles.

Los detalles legales —y políticos— del caso son complejos y desbordan el espacio aquí disponible para profundizar y detallar sus matices; para entrar en los múltiples vericuetos que han permitido que una ley aprobada en el Congreso después de un costosísimo esfuerzo político sea aceptada a juicio por la máxima instancia judicial.

Jeffrey Toobin, analista legal de The New Yorker, describe el litigio como el más importante desde Bush vs. Gore en 2000 —el caso que detuvo el recuento de votos en Florida y de facto entregó la presidencia a George W. Bush—. Un caso que centra ya toda la atención mediática del país y que en potencia tiene el tonelaje para convertirse en uno de esos grandes precedentes legales que cambian el rumbo de la historia —a la altura de Roe vs. Wade (1973), el caso que legalizó el aborto, y Brown vs. Board of Education (1954), que abrió el camino para desinstitucionalizar la discriminación racial—.

Digo inesperadamente porque lo que se preveía como un paso protocolario por el tribunal se convirtió la semana pasada en un litigio político entre los polos ideológicos del país. Tan pronto se escucharon los primeros argumentos y trascendieron las primeras opiniones de los magistrados quedó claro que ni el paso por el Supremo sería suave ni las conclusiones previsibles. El tribunal rápidamente adquirió su configuración partidista —directamente proveniente del color del presidente que nombró a cada juez— y auguró un escenario incierto para el triunfo legislativo más importante del gobierno.

El centro del debate es la constitucionalidad de una reforma que obliga a todos los ciudadanos a adquirir seguro médico. Una idea originalmente presentada por el Partido Republicano que busca crear un sistema de protección social esencialmente privado por medio del uso del poder del gobierno federal para regular el mercado de seguros. Un esquema astuto entre lo público y lo privado ideado por la muy conservadora Heritage Foundation a principios de los años noventa y que hoy tiene tintes “socialistas” para la mayoría de los Republicanos. Un caso que será utilizado por detractores y partidarios para simbolizar y significar la lucha intestina entre aquellos que buscan recortar las competencias del gobierno y los que las defienden.

La Suprema Corte podría fallar en varios sentidos: declarando inconstitucional una parte o toda la ley. La primera posibilidad, la más probable, se podría dividir a su vez en varios escenarios. Se podrían derogar partes de la ley que hagan inoperante al resto o partes que permitan que el cuerpo principal entre en vigor como se tiene previsto en 2014.

En juego está nada menos que el acceso de 50 millones de personas a servicios de salud y la posibilidad de que la resolución en junio, cuatro meses antes de la elección presidencial, deje al país más dividido que nunca. Habrá, pues, que seguir el desarrollo del caso con atención.