El debate de la inmigración sale de la política

La reforma al sistema de inmigración entra en una encrucijada. En las campañas presidenciales el tema apenas se mueva. Tanto en el bando Demócrata como en el Republicano. Los candidatos lo eluden, lo circunvalan y, sobre todo y por motivos electorales, intentan que no se convierta en un asunto central de la campaña. En otras palabras, buscan mantener el statu quo. Al menos en términos de sus cálculos electorales.

Sin embargo, más allá de la política electoralista, las aguas se mueven. En realidad, se agitan. El sinsentido y la disfuncionalidad del sistema de inmigración estadounidense ha alcanzado tales niveles que ha comenzado a hacer agua por todos sus costados. Hasta hace pocos años el problema se circunscribía —y se centraba políticamente— a la inmigración de los sin papeles y cómo darle salida a los poco más de diez millones de inmigrantes ya en Estados Unidos en esa situación. Ahora ese enfoque ha quedado rebasado por las denuncias de múltiples sectores que con cada vez más frecuencia alertan sobre el “suicidio nacional” en el que se ha convertido la política de inmigración. De la academia a los laboratorios científicos pasando por las empresas de alta tecnología, los llamados se multiplican a favor de que el régimen de inmigración se racionalice y cambie.

Ese consenso es cada vez más claro y contundente. La pregunta, la gran pregunta, es cómo se canalizará políticamente.

Una pista la ofrece Michael Bloomberg y sus esfuerzos por tratar de forzar al Congreso en Washington a acometer la reforma. El alcalde de Nueva York centra su denuncia en dejar en evidencia las diferentes formas en las que las políticas actuales afectan directa e incuestionablemente el desempeño económico del país. Y para Bloomberg no es un tema del desempeño de los productores de carne, de la hostelería o el sector agrícola —sectores que tradicionalmente han empleado a inmigrantes sin papeles—. Bloomberg hace un análisis económico de largo plazo y llega a la conclusión de que las políticas actuales afectan especialmente la posibilidad de que la economía estadounidense se transforma plenamente en una economía del conocimiento. Es decir, el efecto último es sobre la transformación estructural de los cimientos económicos.

El análisis de Bloomberg es poco común en el mundo político. El partido Republicano se sigue refugiando detrás del populismo de la seguridad en las fronteras y un entendimiento ramplón de la cultura de la legalidad —¿cómo abrir un camino hacia la legalización a millones de personas que entraron al país de manera ilegal?, se preguntan muchos de sus miembros sin reconocer que la alternativa tiene aún menos sentido—.

El partido Demócrata por su parte se sigue debatiendo entre apoyar medidas contundentes que desatasquen el tema y no alienar a sectores clave de cuyo voto depende —sindicatos, votantes de regiones específicas, etc.—. El resultado, como le sucede al partido en otros temas, es una mezcla de corrección política con buenas intenciones que las más de las veces termina diluyendo la fuerza política de sus posiciones.

Por tanto, lo que en realidad está moviendo el tema es la presión de la sociedad civil. La sociedad civil organizada y empresas —sobre todo tecnológicas— que comienzan a levantar la voz y exigir soluciones. Movimientos como Define American de Jose Antonio Vargas o incontables otros esfuerzos a nivel local están aumentando la presión desde fuera del sistema político. Microsoft, Google y otras empresas del sector hacen su parte mostrando el coste económico y la productividad perdida que representan las políticas actuales.

Académicos como Fareed Zakaria, por ejemplo, intentan dotar la discusión de un marco más inteligente y actualizado. En un artículo reciente explica por qué la reunificación familiar no debería ser el eje rector de la política de inmigración —algo a lo que se opone el Partido Demócrata—. Organizarla en torno a principios de educación y capacidades personales —como ya lo hacen países como Australia, China, Canadá— podría dotar al país no solo de una política más sensata en términos políticos, sino también más alineada con sus necesidades económicas futuras. Zakaria recuerda que dos terceras partes de las residencias permanentes otorgadas por Canadá se rigen por este criterio; en Estados Unidos, en cambio, es exactamente a la inversa: el 60% de los inmigrantes llegan por reunificación familiar.

La gran reforma al sistema de inmigración que se ha buscado desde hace más de una década todavía tardará en llegar. Pero el tema, qué duda cabe, ha encontrado un nuevo cauce. Se mueve al margen de la política. Ha llegado el momento de que todos aquellos con intereses en el asunto afronten esta nueva realidad y recalibren sus posiciones.