¿Para qué sirve el gobierno en el siglo XXI?

Esa, como pocas otras, será la pregunta de fondo que se debatirá a lo largo de los próximos dos meses durante la campaña presidencial en Estados Unidos. En liza, dos formas de entender el papel del gobierno; dos programas políticos en las antípodas que conducirían al país por caminos muy distintos; dos candidatos tan disímiles como convencidos de su visión sobre el rol del Estado en la economía moderna.

¿Debe el Gobierno luchar directamente y combatir la creciente desigualdad social? ¿Más impuestos, más redistribución, más protección a grupos desfavorecidos? O, por el contrario, ¿menos regulación, menos impuestos, menos intervención del Estado como receta para el crecimiento? ¿Debe participar activamente en temas como el combate al calentamiento global, el desbordamiento de armas en las calles y la inmigración de sin papeles? Y, ¿hasta qué punto debe involucrarse en el establecimiento de las bases para el crecimiento económico futuro —infraestructuras, programas de investigación y desarrollo, políticas industriales que planifiquen y establezcan directrices y prioridades nacionales—?

Son algunas de las preguntas que se debaten en la guerra de los programas políticos. Lo que en inglés llaman policy (esa palabra clave inexistente en castellano que distingue entre hacer política y la arquitectura de las políticas publicas que termina siendo la diferencia fundamental entre la buena y mala política). La plataforma Republicana presentada en Tampa a finales de agosto es un ataque frontal al Estado. A sus instituciones, a las competencias del Gobierno y a su rol en la vida económica del país. Grover Norquist, un cruzado ideológico Republicano que lidera el movimiento anti impuestos, lo expresa con una sutileza gráfica escalofriante: “no buscamos abolir el Gobierno; simplemente queremos reducir su tamaño al punto que podamos arrastrarlo hasta el cuarto de baño y ahogarlo en la bañera”.

El triunfo de Mitt Romney en noviembre representaría la culminación de un proyecto político que se comenzó a fraguar en 1964 —tras la estrepitosa derrota de Barry Goldwater frente a Lyndon Johnson— y que tuvo a su máximo apologista en la figura de Ronald Reagan. El designio principal de Romney en el Despacho Oval sería corregir la falta de ortodoxia de George W. Bush —aumentó considerablemente el tamaño del gobierno— para de una vez por todas cerrar el círculo: desmantelar el New Deal de Franklin Roosevelt y la Great Society de Lyndon Johnson. En los pasillos en Washington se especula, incluso, con una presidencia kamikaze de un solo mandato centrada en conseguir ese objetivo sin considerar consecuencias electorales futuras. Devolver a Estados Unidos, en otras palabras, a ese mito fundacional en el que solo vale la libertad y el esfuerzo individual; cumplir el dictado tatcheriano según el cual la sociedad no existe.

La prescripción es sencilla: utilizar el déficit público como coartada para emprender un ambicioso programa de recortes federales. En tres niveles: rebaja de impuestos (sobre todo en los sectores más altos, siguiendo la filosofía de la trickle-down economics), recorte masivo de presupuestos —excepto en Defensa— y eliminado competencias del gobierno —desde limitando el rol de la Reserva Federal hasta liquidando la reforma sanitaria de Obama—.

Una campaña tediosa que comenzó como un concurso de popularidad entre las personalidades de Mitt Romney y Barack Obama ha dado paso a una clara —y cruda— elección entre dos formas nítidamente contrastadas de entender el papel del gobierno.

La reelección de Obama dependerá de su habilidad para articular una defensa firme y efectiva del gobierno. No tanto de su Gobierno como de la idea misma del gobierno. De sus instituciones, de su importancia en la vida pública y de su idoneidad para gestionar los grandes asuntos económicos. Dependerá, sobre todo, de su habilidad para desmontar esa famosa máxima del discurso inaugural de Reagan en 1981 que tanto daño ha hecho a las causas públicas y tanto ha impulsado a su vez a la agenda conservadora: “el Gobierno no es la solución a nuestros problemas; el Gobierno es el problema”. La reelección, y verdadero legado de Obama, se medirán en relación a su capacidad para demostrar lo contrario y dar una respuesta contundente a la pregunta ¿para qué sirve el gobierno en el siglo XXI?